Cuatro años de batalla judicial por su hija adoptiva

Gabriela López y Daniel Ángel Sáenz, ayer. DN

En octubre de 2012, nada hacía presagiar a Gabriela López Navarrete y Daniel Ángel Sáenz que la llegada a sus vidas de una pequeña de poco más de tres meses iba a desembocar poco tiempo después en una dura batalla administrativa y judicial que dura ya casi cuatro años. Desde finales de 2006, esta pareja de Aoiz formaba parte del programa de acogimiento del Gobierno de Navarra y, de forma paralela, había iniciado los trámites necesarios para una posible adopción.

Por eso, cuando desde el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad se les informó de la posibilidad de acoger en su residencia de Aoiz en regimen de acogimiento familiar preadoptivo a una bebé de madre nigeriana y poco más de tres meses de edad no dudaron ni un minuto.

La pequeña había sido abandonada en el hospital por su madre biológica cuando ésta recibió el alta médica tras dar a luz. Una situación de evidente riesgo que llevó a la administración foral a acordar, primero, un acogimiento familiar urgente y, posteriormente, el acogimiento familiar preadoptivo con la citada pareja de Aoiz que, a su vez, residía con otras dos menores en régimen de acogimiento permanente.

Semanas después, la madre biológica de la pequeña firmó el consentimiento necesario para seguir adelante con los trámites y viajó a Noruega donde llegó a fijar su residencia con carácter temporal. En enero de 2013, los tribunales acordaron, en primera instancia, primero el acogimiento familiar preadoptivo y, a continuación, la adopción de la menor. Pero la situación dio un giro de 180 grados cuando la madre biológica regresó a España y, tras recibir el apoyo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona, decidió sumarse a la batalla judicial para intentar recuperar a su hija que involucró a Gabriela y Daniel. La pareja de Aoiz, desesperada ante la posibilidad de perder a la pequeña, ha decidido contar su historia: “No sabemos de quién ha sido la culpa, pero sí quién pagará las consecuencias”.

Los recursos interpuestos por la madre biológica no se resolvieron hasta 2014. En abril, la Audiencia anuló la resolución que en primera instancia había acordado la adopción de la menor al considerar inválido el consentimiento de la madre biológica. Entendieron los magistrados que la madre, que hasta la segunda instancia no fue asistida por una letrada, no comprendió el alcance jurídico de una decisión que conllevaba la ruptura total y definitiva del vínculo materno-filial.

Aunque el régimen de acogimiento sigue vigente, la justicia ha fijado un régimen de visitas progresivo para la madre biológica que, desde septiembre, podrá volver a ver a su hija. Primero, con una visita semanal de una hora de duración. La idea de este nuevo régimen es que la pequeña vuelva con su familia biológica de manera progresiva y con la “necesaria vigilancia de los servicios públicas”.

La actuación emprendida por esta madre con el apoyo de los servicios municipales se llevó a cabo en paralelo, pero sin coordinación con la realizada por la propia Administración navarra que, según se recoge en los pronunciamientos judiciales de la Audiencia, predispuso la adopción como única solución a la situación de desamparo y privó a la madre biológica de un apoyo más intenso – “económico y social-” que podría haber ayudado a despejar el futuro de la familia.

“¿Cómo va a irse? En Aoiz está la única familia que conoce”

Cumplió cuatro años en junio, pero Gabriela y Daniel presumen de que siempre fue muy despierta para su edad. En Aoiz, todos la conocen como Leire. Asegura su familia adoptiva que con su desparpajo y pese a su corta edad es capaz de convencerte casi de cualquier cosa. “Es una más. Aquí está la única familia que conoce. ¿Cómo va a irse?”. Gabriela rompe a llorar ante la impotencia de saber que, en pocas días, la madre biológica de la pequeña iniciará un régimen de visitas acordado por la Audiencia que podría desembocar en el retorno de la pequeña con su familia biológica. Un extremo para el que todavía no hay fecha, pero ante el que Gabriela y Daniel han decidido levantarse convencidos de que, “será la pequeña quien pague las consecuencias”. Se han reunido con el alcalde de la localidad y sopesan la posibilidad de recoger firmas para dar visibilidad a un problema que “podría afectar en un futuro a más familias de acogida”. Argumentan que fue la Administración la que les planteó desde el primer momento la posibilidad de adoptar y que ellos no hubieran tenido ningún problema en acordar, como hicieron con las otras dos menores que tiene acogidas, un régimen de visitas con la familia biológica.

“Las cosas no se hacen así. Bienestar Social no nos puede decir una cosa a nosotros y el Servicio de Atención a la Mujer de Pamplona otra muy distinta a la madre biológica”. Tras casi cuatro años de batalla judicial, los últimos pronunciamientos de la Audiencia Nacional les han dejado sin margen de maniobra.

El viernes, cuando Bienestar Social les aseguró que poco se podía hacer -aseguran que hasta les han negado que la madre sea sometida a un test de valoración para conocer sus aptitudes- y que las visitas empezarían en pocas semanas, Gabriela decidió reunir a sus tres hijas para contarles que la mamá de Leire iba a venir. Los niños razonan a su manera. “Enseguida me dijo que se escondería y que se llevaría la pistola de agua”. Dice Gabriela que nunca le ha ocultado la verdad. Sabe que “una mujer la llevó en la tripa y que luego se marchó”. “Nadie quiere perderla, tampoco en el pueblo”, lamenta afligida.

No entiende cómo han podido llegar a esta situación que Bienestar Social les aseguró que se resolvería con apenas un poco de papeleo. Han decidido contar su caso “para que la gente sepa que casos como estos siguen ocurriendo y que el menor hoy por hoy sigue sin importar”.

Los últimos pronunciamientos judiciales sobre este caso recogen un rosario de informes que analizan, con conclusiones en muchos casos divergentes, las aptitudes de la madre biológica para hacerse cargo de la menor así como su evolución psicosocial. A tenor de todos ellos, la audiencia concluyó que en la actualidad la madre biológica reúne la aptitud necesaria para cuidar de su hija menor de manera duradera en el tiempo, sin que exista riesgo de que se repita el desamparo”. Una de las conclusiones de mayor peso a las que llega la sala a la hora de resolver este conflicto es que “el órgano administrativo no ha tenido en cuenta el principio de reinserción en la propia familia y se decantó desde el primer momento por la adoptación, habiendo actuado, además, al margen de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, conocedores de la realidad vital de la madre biológica por estar en permanente contacto con la misma”.

Komunikabidea: Diario de Navarra